Autoinculpación en la #LeyMordaza


En este post cuento una de las acciones micropolíticas que he hecho: intentar que me multen por la #LeyMordaza y discutir el fondo del asunto en los tribunales. De momento no lo he conseguido

Una de mis acciones para denunciar la existencia de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida por #LeyMordaza ha sido el intentar autoinculparme por acciones cometidos por terceros. Recibir una multa por ello, llevarlo a la vía judicial, seguir hasta Europa si considero mis derechos vulnerados (que casi con certeza sería el caso) y ver qué dicen allí. Hasta ahora no me ha salido bien, y en las dos o tres intentos que he hecho, los afectados, que han multado por EXACTAMENTE lo mismo a otras personas, no han hecho nada conmigo. Os dejo aquí uno de los casos.

Uno de los artículos a poner en prueba es el 37.4, aquel por el que un policía puede multarte por sentirse ofendido. Son más. Sin que un juez mire la cosa o haya cualquier otro control. Se siente ofendido y tú pagas.

Esta es la redacción del artículo:

Son infracciones leves:
[…]
4. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal.

Una infracción de este artículo puede llevar aparejada una multa de entre 100 y 600€. Recordemos, siempre y sólo a discreción del funcionario que se ha sentido ofendido por tus palabras, comportamientos o por llevar un determinado bolso o camiseta. Desde la PDLI – Plataforma en Defensa de la Libertad de Información hemos denunciado esta ley en general y estar prácticas en particular una y otra vez.

 


LA VUNERACIÓN DE DERECHOS DE UN CIUDADANO 

Todo comenzó con un post en Facebook de la Alcaldesa de Güímar, un pequeño pueblo tinerfeño, en el que contaba un cambio de usos de un edificio municipal.  Aquí el mensaje:

Ante esta noticia, Eduardo, un joven vecino de la localidad decidió ejercer su libertad de expresión y hacer un par de comentarios en el timeline de la Alcaldesa. Estos en concreto:

Los comentarios serán de más o menos gusto en su contenido y estilo, pero seguro que estamos de acuerdo en que entran dentro de lo que se considera el derecho a la libertad de expresión de cualquier persona en nuestro país. Máxime, perteneciendo el interesado a un grupo de Facebook llamado La franja de Guaza (en el que, junto a varios amigos, realiza críticas satíricas del día a día de la corporación local).

Pues el mismo día de que Eduardo escribiera esos comentarios en Facebook, la policía local SE PERSONÓ en su domicilio para hacerle entrega de la denuncia y la sanción. Aquí lo contaba El País. Independientemente de la efectividad policial y los recursos empleados, creo que es fácil darse cuenta del manifiesto abuso de aquellos que pueden acallar cualquier crítica, cualquier conversación, cualquier palabra, en definitiva, con sanciones económicas.

 


LA ACCIÓN MICROPOLÍTICA

Así que hice lo único que podía hacer: repetir los comentarios y hacérselo saber a la Alcaldía y policía de Güímar para que procediera a sancionarme, que ya discutiríamos en tribunales el fondo del asunto. Escribí exactamente los mismos comentarios que Eduardo en el Facebook de la Alcaldesa:

Aquí los podéis ver en detalle:

Lo documenté todo en un post donde anunciaba a la policía que “quería entregarme”, y posteriormente avisé tanto a la Alcaldía de Güímar y a su policía por redes sociales y también por correo certificado:

 

Carta enviada a la Alcaldía y a la policía de Güímar. Iba acompañada de prueba documental de mis comentarios en Facebook

Nunca recibí contestación. Indagué en correos pero no supieron decirme qué pasó con la carta. en julio de 2017 contacté con Daniel, el joven denunciado. Me contó que lo suyo también “se traspapeló”. Nunca recibió la multa. Es significativo que, en muchos casos, sanciones de la #LeyMordaza que llegan a los medios de comunicación o que tienen cierta notoriedad acaban en nada. Creo que esto es síntoma de lo arbitraria e injusta que es la ley. Además de anticonstitucional y contraria a los principios de derechos humanos que como país de la Unión Europea estamos obligados a cumplir.

Así quedó la cosa. A día de hoy, y para el proyecto Ciudadano Político, sigo buscando un caso que poder denunciar, replicar y ver que consecuencias tiene.


Aquí tenéis el post original que escribí en julio de 2015 contando la acción.

NOTA: esta es una acción exclusivamente personal y no tiene nada que ver con ninguno de los medios de comunicación en los que colaboro o con la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información -de la que formo parte- o ninguna otra estructura u organización con la que colabore.

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