La campaña del ‘Euro por receta’


En este post os cuento una acción que hice para exponer lo absurdo de una tasa que impuso la Comunidad de Madrid sobre recetas de medicamentos a sabiendas de que era inconstitucional.

Os voy a contar una pequeña acción micropolítica de desobediencia civil que realicé en 2013.

El contexto era un decreto que aprobaron en la Comunidad de Madrid, la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, por la que el que al ir a la farmacia a adquirir un medicamento con una receta oficial, además del coste habitual del medicamento había que pagar un euro más.

Todo ello además con un considerable mogollón logístico con las farmacias teniendo que procesar todo el papeleo e instalar nuevas conexiones a internet y un nuevo software y teniendo que perder el tiempo en los trámites. Ante las numerosas protestas, y la cantidad de gente que sencillamente se negaba a pagar, la Consejería de Sanidad estableció un sistema con que el que se documentaba quién se negaba a pagar (porque evidentemente no puedes dejar a enfermos sin medicinas recetadas) y así podías llevarte tus medicinas sin pagar el euro extra. Este procedimiento también despertó críticas porque parecía que al firmar el formulario estabas admitiendo que cometáis una infracción. En fin.

Yo necesitaba mis medicinas y no estaba dispuesto a abonar ese euro extra que me exigía la Comunidad de Madrid y del que tenía el convencimiento que era ilegal.

En aquellos tiempos estaba yo bastante medicado y además para alguna de las medicinas tenía dos recetas, vamos que juntaba unas cuantas cada mes. En una visita al médico me dieron 20 recetas para el tratamiento de los dos próximos meses y me fui a hacer copias de mi DNI (40) y a la farmacia con la intención de no abonar el euro por receta. Me contó la farmacéutica que mucha gente se quejaba y que se le habían acabado los formularios. Que todo era un desastre (tenéis toda la información en las pieza de radio y escrita que referencio más abajo). Así que me fui a hacer copias del formulario y le dejé unas cuantas docenas. Además de rellenar las 20 mías y dejarle las 20 copias de mi DNI.

En la foto se pueden ver los formularios de objeción que rellené en la farmacia. Me quedé con una copia de cada uno que, por cierto, envié posteriormente por correo certificado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a la atención del Sr Laquetty, ante la férrea amenaza que hizo la Comunidad de que perseguiría a los que no habíamos abonado la tasa. Mi idea era ayudar a la Comunidad en el proceso de identificación y cobro de las tasas. Nunca recibí un acuse de recibo o ninguna comunicación al respecto.

Para difundir esta minicampaña propia, además de dar la lata por redes sociales, utilicé los medios de comunicación a los que tenía acceso.

Colaboraba ya en el programa de radio de Javier Gallego ‘Crudo’ ‘Carne Cruda 2.0 que emitía por entonces la Cadena SER con una pequeña sección de nombre PERIFERIAS, y un día la dediqué a esta acción. Aquí podéis escuchar el reportaje:


(Si no os funciona, aquí lo encontráis en la web de la Cadena Ser)

Además publiqué un post en el blog de opinión Interferencias de eldiario.es, en el que escribía por entonces.

En este caso lo hice en forma de una jocosa carta personal al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Sr. Javier Fernández Lasquetty. En ella le narraba lo que había hecho y le invitaba a cobrarme los 20€ de deuda.

Foto de las copias del papel para ejercitar la objeción a pagar el euro por cada receta que dejé en la farmacia de mi barrio para uso de otros enfermos.

No fue ninguna sorpresa cuando a los pocos meses, el Tribunal Constitucional (que ya lo había suspendido cautelarmente) acabó anulando el ‘Decreto del Euro por Receta’ en la Comunidad de Madrid además de en Cataluña, donde también estaba vigente.

El Tribunal consideraba que los decretos afectaban a un supuesto regulado por una ley estatal y alegó que las comunidades no pueden incidir en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el Artículo 149.1.16ª de la Constitución. Esto estaba bastante claro desde un principio y se sabía que los decretos incumplían la Constitucion,pero ello no evitó que los gobiernos de Cataluña y Madrid los aprobaran y pusieran en vigor, una práctica ésta, lamentablemente demasiado usada en España.

En los 29 días en los que estuvo vigente el cobro en Madrid, la Comunidad recaudó entre 4 y 7,2 millones de euros (según distintas informaciones, todas de la Comunidad Madrid).

Por cierto, que en el marco del proyecto Ciudadano Político, he hecho una petición de transparencia a la Comunidad de Madrid para conocer la cantidad y destino de los fondos recaudados con esta inconstitucional medida. Aquí la tenéis.

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