MARCO: Litigio Estratégico


En este post nos aproximamos a una vía judicial mediante la cual la ciudadanía puede tener un gran impacto en la sociedad como es el concepto de litigio estratégico

En el marco sobre Quejas y Denuncias repasamos algunas de las vías que tiene la ciudadanía para reclamar sus derechos. En este post queremos abordar un concepto (en este caso desde el ámbito judicial) que resulta muy útil para hacer política, entendiendo esto último como la capacidad de influir en la sociedad en favor del bien común. Hablamos del litigio estratégico. Para empezar, un litigio es, en sentido amplio, un conflicto o una disputa. Por tanto, aplicado al lenguaje judicial, se trata del enfrentamiento legal entre dos partes. Pues bien, la adición del adjetivo ‘estratégico’ hace referencia a aquellos litigios en los cuales ganar el litigio concreto no es el objetivo final, como suele ocurrir en cualquier otro juicio, sino que se plantea como un medio para la consecución de un fin mayor.

El término, que proviene del inglés ‘strategic litigation’, también se conoce en dicho idioma por ‘impact litigation’, es decir, litigio de impacto. De este modo, podemos comprender mejor la finalidad superior a la que hacíamos alusión. Se trata de un litigio sobre un caso concreto, del cual se espera que tenga una repercusión o impacto en el resto de la sociedad. Se busca hacer público un problema general a través de un caso particular. Es por este motivo por el que los litigios estratégicos fundamentalmente abordan cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Y, por lo general, los impulsores de este tipo de acciones suelen ser ONGs y demás sectores de la sociedad civil, así como ciudadanos individuales que reclaman el respeto a sus derechos y libertades más básicos. Las consecuencias en las que se pretende que deriven los litigios estratégicos pueden ser modificaciones en legislaciones nacionales, establecimiento de unas políticas públicas determinadas, y la definición de criterios jurisprudenciales que sirvan de referencia para futuros casos similares.

Caso Brown vs Board of Education

En 1951, en Topeka (Kansas), un grupo de 13 padres afroamericanos llevaron a juicio ante el Tribunal del Distrito a la Junta de Educación de dicha ciudad denunciando la segregación racial en los colegios de primaria. Esta situación se permitía en base a una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que databa de 1986 (Plessy vs Ferguson) en la que se establecía que la separación de niños y niñas en los centros educativos en función de su raza no generaba ninguna desigualdad. El nombre de Brown pertenecía a Oliver Brown, uno de los padres que presentó la denuncia. Este litigio, que unificó cinco casos contando con el de Brown, fue impulsado y apoyado por la National Association for the Advancement of Colored People (Asociación Nacional por el Progreso de la Gente de Color), una organización fundada en 1909 con el objetivo de defender los derechos civiles de los afroamericanos.

Portada de un periódico local de Topeka sobre la decisión judicial del litigio.

El Tribunal del Distrito falló a favor de la Junta, amparándose en la doctrina de “separados pero iguales” establecida en 1896 y argumentando que a pesar de que la segregación podía tener un efecto perjudicial en los niños afroamericanos, las condiciones materiales (edificios, transporte, cualificación de los profesores, etc) eran iguales para blancos y negros. El caso fue llevado ante el Tribunal Supremo que, tras un largo proceso de deliberación, en mayo de 1954, dictó sentencia por unanimidad a favor de los denunciantes en base a la 14ª Enmienda de la Constitución (su Clausula de Protección Igualitaria establece que todas las personas tienen que tener el mismo derecho a la protección por parte del Estado).

La resolución de este litigio tuvo una importancia capital en el establecimiento de un marco legal que protegiera a la población afroamericana de la segregación y la discriminación racial, y supuso un punto de inflexión para los movimientos en defensa de los derechos civiles y los derechos humanos en Estados Unidos.

Litigios estratégicos en España

A pesar de ser un caso paradigmático, el de Brown v Board of Education puede quedarnos lejos, tanto en el tiempo como en el espacio. Lo cierto es que en España, y en los últimos años, también ha habido muy buenos ejemplos de cómo utilizar esta vía.

Encontramos litigios estratégicos que han servido para encarcelar a uno de los máximos responsables de la crisis económica en España, el ex Ministro de Economía y Vicepresidente del Gobierno de España, ex Director gerente del Fondo Monetario Internacional y ex Presidente de Bankia, Rodrigo Rato. El caso conocido como #15MpaRato marcó un punto de inflexión en cuanto a las posibilidades de la ciudadanía, auto-organizada en diferentes asociaciones y colectivos de la sociedad civil, de incidir en las élites políticas y económicas que hasta hace unos años parecían inalcanzables. Pero, Rodrigo Rato no ha sido el único al que un litigio estratégico señala como objetivo, también el ex Tesorero del PP tuvo su propio litigio con la #QuerellaBarcenas, en la que participaron cinco organizaciones y 30.000 personas, demostrando el potencial de este tipo de iniciativas.

Otro ejemplo, de menor repercusión mediática pero de mayor importancia aún, es el de la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en referencia a las devoluciones en caliente que tienen lugar en la Frontera Sur (Ceuta y Melilla). La demanda ha logrado que se reconozca que esta práctica, que el Gobierno del Partido Popular trató de legalizar mediante la reforma de la Ley de Extranjería en 2015, va en contra del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y que, por tanto, el Gobierno lleva incumpliéndolo durante años.

 

A continuación, un extracto de la entrevista al abogado experto en derechos civiles Carlos Sánchez Almeida, que nos explica con mayor detalle de qué hablamos cuando hablamos de litigio estratégico y nos aporta algunos ejemplos más al respecto.



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