MARCO: Quejas y Denuncias


En este post nos acercamos a algunos organismos y asociaciones cuya función es atender las quejas y denuncias de la ciudadanía ante los abusos de poder por parte de instituciones y empresas

Uno de los grandes males de nuestra sociedad es la percepción generalizada de que los problemas que nos ocurren únicamente nos afectan a nosotros de forma individual. Así, es fácil caer en la tendencia de pensar que estamos solos y que nadie nos va a comprender si nos atrevemos a plantearlo. Otro gran mal es la percepción de que las instituciones nos quedan muy lejos y, por tanto, el abismo entre nosotros y el lugar en el que podríamos intentar cambiar lo que nos parece abusivo parece insalvable. Esta desastrosa combinación es la principal responsable de guardemos silencio ante las situaciones injustas que vivimos día a día y permitamos que permanezcan como están.

Pues bien, el primer paso para romper esta barrera es, por simple que parezca, quejarse. Como ciudadanos, es nuestro derecho, y también nuestro deber, protestar para visibilizar lo que nos parece un atropello. Es la manera de probarnos a nosotros mismos que nuestros problemas son comunes y no individuales, y, por tanto, nos afectan a todos, directa o indirectamente.  Así, el ejercicio de denunciar es fundamental para defender nuestros derechos y libertades ante cualquier tipo de abuso. Toda acción colectiva se compone de pequeñas acciones individuales. Por eso, vamos a señalar algunos de los organismos y asociaciones a los que podemos dirigirnos para poner de manifiesto nuestro descontento y tratar de hacernos oír.

El ‘ombdusman’ o Defensor del Pueblo

Con la formación de los estados modernos surgió una figura dedicada específicamente a investigar y resolver las quejas ciudadanas en materia de malas prácticas administrativas o violaciones de derechos. El ‘ombdusman’ -término de origen escandinavo- fue creado en Suecia a principios del siglo XIX, adoptado por el resto de países nórdicos y extendido por todo el mundo. En el caso de los países hispano hablantes esta institución ha sido traducida habitualmente como ‘Defensor del Pueblo’.

En el caso de España, en lo que respecta al Defensor del Pueblo, la Constitución recoge en el Capítulo IV ‘De las garantías de las libertades y derechos fundamentales’, concretamente en el artículo 54, lo siguiente:

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como Alto Comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales

Pues bien, dicha regulación se hizo efectiva en la Ley Orgánica, la 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. En ella, se establece un mandato de cinco años para esta figura, elegida por dos Comisiones de las Cortes Generales -una del Congreso y otra del Senado- creadas específicamente para relacionarse con dicha institución. Además, aprueban la designación del Adjunto Primero y Adjunto Segundo al Defensor del Pueblo, a propuesta de éste último. La ley también establece su autonomía, imparcialidad e inmunidad respecto del resto de las instituciones. Tras la finalización del mandato en junio de 2017 de la hasta entonces vigente Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, el puesto lo ocupa en funciones el Adjunto Primero, Francisco Fernández Marugán.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en un acto sobre refugiados con ACNUR.

Para ampliar información, en este post explicamos algunas experiencias con la Oficina del Defensor del Pueblo, y valoramos su utilidad.

Denuncias en el ámbito laboral

Si ya hemos abordado esta cuestión desde el punto de vista del ciudadano también queremos centrarnos en un aspecto más concreto, que es el punto de vista del trabajador. En el ámbito laboral, nos encontramos con una progresiva precarización de las condiciones de trabajo y con unos sindicatos tradicionales con cada vez menos capacidad de negociación de dichas condiciones. Por tanto, es importante conocer otras vías mediante las cuales podemos reclamar el cumplimiento de nuestros derechos laborales.

Si el Defensor del Pueblo tiene como objetivo proteger a la ciudadanía de modo más amplio y general, desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social proporcionan otra herramienta con la que los ciudadanos pueden hacer reclamaciones en el ámbito laboral, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En lo que se refiere a la normativa que lo regula, la CE proporciona una serie de artículos en los que establece los derechos de los trabajadores, cuya recopilación se puede leer en este documento. De manera más extensa, la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social es el principal texto de referencia. En cualquier caso, el propio organismo ofrece una recopilación de normas por las que se ve afectado.

Aquí, podéis encontrar información sobre como realizar una denuncia y algunas experiencias con este organismo.

Protección a los consumidores

Si ya hemos abordado vías para protestar tanto desde el punto de vista de un ciudadano en general, como desde el de un trabajador en particular, en este apartado del proyecto también queremos poner la atención en un aspecto que podríamos denominar de carácter económico. Esto quiere decir que nos centramos ahora en la defensa de las personas ante sistema económico que nos gobierna, el del libre mercado. Este sistema, que entiende a la sociedad como un conjunto de interacciones económicas en las que se intercambian bienes y servicios, es el responsable de crear lo que habitualmente se conoce como ‘sociedad de consumo’. Así, la satisfacción de nuestros deseos mediante el consumo de productos nos convierte a todos los que formamos parte de esta sociedad, inevitablemente, en consumidores.

Dentro de este sistema de competencia salvaje entre las empresas, es necesario que existan mecanismos de defensa que nos protejan. Para ello, la Constitución Española establece en el artículo 51 que “los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios”, “promoverán la información y educación de consumidores y usuarios” y “fomentarán sus organizaciones”. Mas allá de la CE, la principal ley que se encarga de regular los derechos de los consumidores es el Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, atendiendo a medios de comunicación.

En lo que se refiere a las organizaciones que los poderes públicos han de fomentar, el caso más destacado en España es el de Facua-Consumidores en Acción. Esta organización, cuyo objetivo principal es cuestionar la actual sociedad de consumo, se originó a finales de los 70 en pleno periodo de transición democrática en España y hunde sus raíces en los movimientos vecinales de aquel entonces. A través de su estructura confederal tiene alcance a nivel estatal y se define como “independiente de gobiernos, partidos políticos, confesiones religiosas e intereses empresariales”, así como “de carácter progresista, democrático, plural y participativo”.

En este enlace dedicamos un post en el que nos centramos en esta organización con mayor profundidad, así como en las acciones que llevan a cabo.

Malas prácticas en los medios de comunicación

Para terminar con este marco, no queremos dejar de señalar otra área en la que no debemos dejar de quejarnos para señalar aquello que no nos parece adecuado. Como ya comentamos en el marco de periodismo ciudadano, el panorama mediático actual pasa por una situación de crisis de legitimidad, ante los reiterados casos de manipulación mediática y connivencia con los poderes políticos y económicos. Para evitar la impunidad de los medios de comunicación en este tipo de prácticas es importante señalar dichos casos.

En España, la organización encargada de vigilar que se cumplan los códigos deóntologicos periodísticos es la Federación de Asociaciones de Prensa de España (FAPE), en la que se integran 49 asociaciones autonómicas y locales, y la cual está afiliada a la Federación Europea de Periodistas (FEP) y a la Federación Internacional de Periodistas (FIP). Como en el resto de casos anteriores, dedicamos un post específico a contar cómo funciona y experiencias anteriores con esta organización.

 

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