Participación institucional (I)


PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN ESPAÑA: INTRODUCCIÓN.

España es, según su Constitución, un “Estado social y democrático de Derecho”. Por tanto, ya que la soberanía nacional reside en el pueblo español, la Constitución Española recoge el derecho de la ciudadanía a participar en los procesos de toma de decisiones.

El artículo 9.2. dice lo siguiente al respecto:

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”

Del mismo modo, el artículo 23 de la CE afirma:

“Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”
Foto: Congreso de los Diputados

En torno a esta cuestión, la manifestación de la soberanía popular en el Estado español se produce de dos formas. Por un lado, el método de la democracia representativa, mediante la elección de representantes dentro del tradicional sistema de partidos. Por otro, el de la democracia directa, en el que la ciudadanía por sí misma adquiere capacidad de decisión, que es el que nos interesa en este caso. A este respecto, el Tribunal Constitucional concreta que esta participación ciudadana debe tener lugar dentro del marco previsto en la propia Constitución, articulada en los artículos 92, 149.1.32, 151.1, 152.2, 167.3 y 168.3, los cuales serán tratados en los posts siguientes.

Ahora bien, esto es lo que dice la teoría, pero, ¿qué posibilidades ha tenido la ciudadanía desde el fin de la dictadura y la restauración democrática para participar directa e inmediatamente en las instituciones? Principalmente, a través de dos vías, la de las consultas populares (referéndum) y la de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Papeleta para el referéndum sobre la permanencia o salida de España en la OTAN

 

EL CASO DE SUIZA

Ante las limitadas posibilidades de participación que recogen nuestra leyes, cabe destacar el caso de un país como Suiza, uno de los países que más destaca en el uso de mecanismos de democracia directaEste país cuenta con dos tipos de referéndum.

Por una parte, el obligatorio, que se da cuando el parlamento propone cambiar la Constitución. Por tanto, no es posible cambiarla sin que la decisión pase por la ciudadanía. Por otra, el facultativo, que es una garantía de que la ciudadanía siempre podrá recurrir las leyes que se aprueben en el parlamento.

Para ello, necesitan reunir 50.000 firmas o que así lo acuerden al menos ocho cantones en los 100 primeros días desde su aprobación. En lo que respecta a las iniciativas legislativas populares, lo propuesto en ellas tiene que ser llevado a referéndum siempre que alcancen al menos 100.000 firmas y el parlamento no puedo alterar el texto de la iniciativa. De este modo, la legislación suiza articula un mecanismo de participación directa que merece tal nombre.


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