Transparencia (II): Portal de Transparencia

Los portales de transparencia son herramientas que surgen de la necesidad de crear un espacio en el que volcar la enorme cantidad de información que implica cumplir con una ley que regule la transparencia y la publicación de información relativa a instituciones públicas. Como se indica en el preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no basta únicamente con regular las materias, órganos e instituciones que se ven afectadas, para poder llevarlo a la práctica es necesario proporcionar a la ciudadanía una herramienta que lo permita. Para ello, se trata de aprovechar las posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación con el objetivo de facilitar el acceso a toda la información posible desde un mismo punto.

Foto: Imagen de la web del Portal de Transparencia.

Como señala el artículo 10, a nivel estatal, el Portal de Transparencia corre a cargo de la Administración General del Estado, y en él se debe depositar toda la información pública relativa a los ámbitos que hemos enumerado más arriba, así como la información que se solicite con mayor frecuencia por parte de la ciudadanía. Con el objetivo de cumplir con lo establecido en la ley, todas las autonomías han desarrollado sus propios portales de transparencia. Y, también se contempla la adopción de medidas complementarias tanto a nivel estatal, como autonómico y local, además de reforzar la colaboración entre las distintas entidades territoriales para llevar a cabo las obligaciones establecidas.

En lo que se refiere al apartado técnico de los portales de transparencia, el artículo 11 fija tres principios a los que han de atenerse: accesibilidad, para facilitar la identificación y la búsqueda de información; interoperabilidad, es decir, que los portales tengan la capacidad de intercambiar y utilizar dicha información; y reutilización, para garantizar así que tengan la mayor difusión posible.

De nuevo, al igual que hicimos en el primer post de este marco, hemos visto lo que establece la ley, pero también es necesario observar si esto se cumple realmente. En lo que respecta al Portal, organizaciones, activistas y medios de comunicación reclaman que, hasta el momento, sigue habiendo deficiencias que hay que resolver. En primer lugar, se ha criticado que muchos de los datos que se encuentran en la web ya eran públicos, por lo que en muchos casos no supone un gran avance en cuanto a material sacado a disposición de la ciudadanía. Otro aspecto es el hecho de que muchos archivos no estén en formatos reutilizables (xls o csv, por ejemplo) por lo que uno de los principios que la ley establece como primordiales para el Portal ya deja que desear. La dificultad a la hora de localizar y obtener la información deseada, debido a las divisiones que realiza la propia web (Institucional; Normativa; Contratos, convenios, subvenciones y bienes inmuebles; Presupuestos, fiscalización e informes) así como el propio buscador y el lenguaje, en ocasiones excesivamente técnico, también son handicaps a tener cuenta, especialmente si la accesibilidad es otro de los pilares fundamentales del Portal.

Solicitud de información

Teniendo en cuenta las deficiencias que presenta el Portal de Transparencia para obtener información que debe estar publicada, además de ser actualizada activamente, en el caso de que un/a ciudadano/a no la encuentre o se trate de información que por la ley no tenga obligación de estar publicada, el siguiente paso es el de realizar una solicitud de dicha información a través del Portal. Para ello, lo primero es saber qué tipo de información se puede solicitar. Las organizaciones y expertos en esta materia aconsejan que ante la duda, se solicite la información y que se encargue el organismo correspondiente de denegar la solicitud y justificar el motivo. El problema está en que la propia ley no es muy clara a este respecto y los límites que establece son bastante difusos, aunque por lo general suelen hacer referencia a la protección de datos (art. 15) y a la seguridad nacional, entre otros (art. 14). Además, esta ley de transparencia, únicamente permite el acceso a información que esté sujeta a derecho administrativo, por lo que, por ejemplo, no se podrá solicitar información que vaya junto al proceso de elaboración de leyes, así como información “auxiliar” (notas, borradores, informes internos, sin especificar que se considera un documento interno, etc). Esto genera un problema de transparencia ya que este tipo de información suele ser bastante relevante para que la ciudadanía monitorice el proceso de toma de decisiones de los gobernantes.

Otro problema que puede surgir a la hora de solicitar información es el de no saber a qué organismo o institución hay que dirigirse para obtenerla. Pues bien, se puede solicitar información sobre cualquier organismo de la Administración Pública, así como empresas públicas como RTVE o AENA. Como mencionamos anteriormente, quedan fuera partidos, sindicatos y empresas privadas que reciben subvenciones públicas, lo que no deja de ser problemático puesto que son entidades más que relevantes en la vida pública.

Pues bien, dicho esto, lo siguiente que hay que hacer para solicitar información es identificarse. Esto ya supone otro punto criticable, ya que el propio Consejo General del Poder Judicial reconoció que para ejercer el derecho de acceso a la información no es necesario identificarse, puesto que se trata de información pública y debe estar al alcance de cualquiera. Una vez dentro del Portal de Transparencia, y habiendo accedido ya a la solicitud de información, lo primero que nos encontramos para realizarla telemáticamente es con el sistema Cl@ve, un sistema de identificación electrónica utilizado para realizar gestiones en las Administraciones Públicas. Una vez dentro de este sistema, la primera opción es la de utilizar un DNI electrónico, lo que ya presenta la pega de tener que estar en posesión de un lector de tarjetas con microchip electrónico, un dispotivo desconocido para la gran mayoría de la población. Otra forma es mediante la obtención de un certificado electrónico cualificado o reconocido. La manera más habitual de conseguirlo es a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Esto se puede hacer a través de la web de la FNMT, donde se pueden solicitar dicho certificado. Sin embargo, posteriormente hay que ir físicamente a demostrar que uno/a es la misma persona física que lo solicitó. Para ello se puede acudir tanto a Hacienda, como a cualquier oficina de la Seguridad Social y a sedes de ministerios y ayuntamientos.

Para utilizar el sistema Cl@ve, en cualquiera de sus dos modalidades, PIN y Permanente (la diferencia principal entre ambos es el tiempo de validez que tienen, y el uso de uno u otro depende de si se trata de una utilización puntual o frecuente del sistema) es necesario registrarse. Los pasos a seguir para ello están descritos aquí. En cualquiera de los casos, nuevamente volvemos a hacer hincapié en que son demasiado complejos y únicamente sirven para restringir y disuadir a la ciudadanía a la hora de solicitar y acceder a información pública.

Una vez identificado por cualquiera de las vías descritas, el siguiente paso es rellenar la solicitud en la que se reclama la información deseada. Para ello, el propio Portal de Transparencia ofrece un formulario. Lo más aconsejable a la hora de realizarla es, en primer lugar, hacer referencia a la Ley 19/2013, ser lo más directo, preciso y concreto que se pueda sin importar ser repetitivo, utilizando un lenguaje técnico en la medida de lo posible, es decir, hacer referencia a otras leyes que apoyen tu solicitud, y pedir los datos cuanto más desagregados mejor, además de especificar el formato en el que se desea recibirlos. Una vez enviada la solicitud, queda esperar la respuesta del organismo correspondiente.

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