Transparencia (III): Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Las dos primeras partes del marco sobre transparencia las podéis leer en los siguientes enlaces, en los que analizamos la ley de transparencia y el portal de transparencia.


Si junto a la implementación de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se puso en marcha el Portal de Transparencia, también era necesaria la creación de un organismo que supervise su cumplimiento, que recibe el nombre de Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Según el artículo 33 de la Ley 19/2013 se trata de un organismo público adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Tiene como objetivos “promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones del buen gobierno” (art. 34).

Para ello, las funciones que se le encargan son: adoptar recomendaciones para mejorar el cumplimiento de la Ley 19/2013; asesorar y fomentar la elaboración de documentación en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; promover actividades de formación y sensibilización en este sentido; y evaluar el grado de aplicación de la ley, para lo cual tiene que elaborar anualmente una memoria al respecto y presentarla ante las Cortes Generales, y que debe ser publicada en el BOE. En cuanto a la aplicación de la transparencia al propio organismo, todas las resoluciones que determine tienen que ser publicadas tanto en su propia web como en el Portal de Transparencia.

Foto: Integrantes del CTBG durante un coloquio.

El CTBG se estructura internamente en: el/la Presidente/a del Consejo; la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno; y dos subdirecciones generales, la Subdirección General de Reclamaciones y la Subdirección General de Transparencia y Buen Gobierno. La Presidencia del Consejo se nombra mediante real decreto en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y ratificación de la comisión competente del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. La ley establece para ello un mandato no renovable de cinco años, y que la persona sea de “reconocido prestigio y competencia profesional” (sin especificar en qué consiste eso). Como funciones destacables, más allá de las expuestas más arriba y que se refieren al Consejo en general, la persona que preside el CTBG realiza tareas de representación del organismo y determina los criterios de interpretación de la Ley 19/2013. Actualmente, la titular de este puesto es Esther Arizmendi, licenciada en Derecho y técnico superior de la Administración Civil.

La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno se compone, además de por la Presidenta del Consejo, por siete vocales que proceden de los siguientes órganos:

  • Congreso de los Diputados (Pilar Cortés, diputada del PP)
  • Senado (Jokin Bildarratz, senador del PNV)
  • Tribunal de Cuentas (María José de la Fuente y de la Calle, consejera)
  • Defensor del Pueblo (José Manuel Sánchez Saudinós, secretario general)
  • Agencia Española de Protección de Datos (Agustín Puente Escobar, abogado del Estado)
  • Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (María Pía Junquera Temprano, directora general de Organización Administrativa y Procedimientos)
  • Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (José Luis Martínez Almeida Navasqües, director de la división Jurídico-Institucional)

A diferencia de la Presidenta, los vocales pueden renovar su cargo por otros cinco años. Entre sus funciones están las de aprobar la memoria anual, aprobar el Reglamento de funcionamiento interno del Consejo, convocar a órganos de naturaleza similar a nivel autonómico así como establecer vías de cooperación y colaboración con ellos.

Por último, la Subdirección General de Reclamaciones y la Subdirección General de Transparencia y Buen Gobierno son órganos dependientes de la Presidencia del Consejo. Ambos cargos de subdirectores son nombrados por la Presidenta. La Subdirectora General de Reclamaciones es Esperanza Zambrano, que tiene como función principal gestionar y tramitar las reclamaciones que se presenten ante el Consejo. El Subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno es Javier Amorós Dorda, y entre sus funciones están las de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como instar a actuacioens disciplinarias en caso de incumplimiento, y proponer a la Presidenta los criterios de interpretación de la legislación en materia de transparencia y buen gobierno.

Críticas sobre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Una vez más, como en los otros dos posts del marco de transparencia, primero nos fijamos en lo que establece el texto legal y luego atendemos a las críticas que han realizado las organizaciones y los expertos en la materia.

Lo cierto es que el CTBG empezó con mal pie desde sus inicios. La ley establecía que en el plazo de tres meses desde su aprobación se debía ratificar mediante Real Decreto el Estatuto del Consejo. No fue hasta noviembre de 2014 cuando se aprobó, con ocho meses de retraso, que el propio Gobierno calificó de “deliberado”, argumentando que no tenía sentido crear el Consejo si hasta diciembre de 2014 (un año después de su aprobación) no entraban en vigor las obligaciones marcadas por la propia ley. Sea como fuere, lo que sí demuestra este hecho es la falta de voluntad del Gobierno por cumplir lo que dicta la ley.

Otro punto que prueba que la apuesta del Gobierno por la transparencia no se lleva hasta el final es que el Real Decreto establece que la creación y puesta en funcionamiento del CTBG no puede suponer en ningún caso un aumento del gasto público (dotaciones, retribuciones, personal, etc). Tiene que ser capaz de funcionar mediante la redistribución de recursos desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Es decir, que el dinero que se gasta en transparencia se tiene que recortar de otra parte. El total de dinero destinado al Consejo en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 es de 2,9 millones de euros.

Uno de los asuntos más controvertidos es el de la independencia del Consejo. La ley dice que el Consejo “actúa con plena autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines”. Pero, el hecho de que esté adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y éste mismo sea el responsable del nombramiento del Presidente hace que quepa preguntarse hasta que punto dicha independencia es real llevada a la práctica. Además, en un asunto como la transparencia sería deseable que el proceso de nombramiento del Presidente fuera más participativo y abierto a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en este ámbito. De este modo, también se garantizaría un mayor grado de independencia del órgano.

Por otra parte, el Consejo no tiene capacidad de decisión vinculante, es decir, que sus funciones se limitan al asesoramiento y la recomendación. Por tanto, las instituciones públicas, más allá de cumplir la ley, no tienen la obligación de acatar lo que resuelva el Consejo. Que el CTBG tenga la capacidad para hacer acatar sus decisiones, o para desclasificar la información que se deniega si así lo consideran oportuno, es fundamental para que la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y el buen gobierno sean los pilares que deberían ser en la sociedad española.

 

 

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